La acreditación institucional, proceso voluntario que realizan las instituciones de educación superior, tiene dos ámbitos de evaluación obligatorios: su gestión institucional y la docencia de pregrado.
Respecto del primero de estos parámetros, la Ley 20.129 establece que las instituciones de educación superior deben contar con una gestión estratégica institucional que les permita resguardar el cumplimiento de los propósitos institucionales. Y para ello, contar con adecuados mecanismos de evaluación, planificación y seguimiento de las acciones proyectadas. Todo lo anterior, a fin de dar fe pública respecto de la sustentabilidad del proyecto institucional que la misma entidad se ha propuesto cumplir.
Para verificarlo, los procesos de acreditación cuentan con la etapa conocida como evaluación externa, que busca dar una mirada objetiva a la autoevaluación realizada inicialmente por la Institución. Esta etapa es fundamental y la realizan un grupo de expertos en el sistema de educación superior que reciben el nombre de Comité de Pares Evaluadores.
Dentro de esta etapa de la evaluación, surge como un tema específico y transversal la necesidad de comprobar si cada una de las entidades evaluadas disponen de los recursos financieros para materializar y sustentar en el mediano plazo el proyecto institucional declarado.
La CNA ha determinado que dicha evaluación se efectúe mediante la contratación de un consultor externo e independiente, que debe pronunciarse respecto de la sustentabilidad financiera del proyecto institucional presentado por cada entidad analizada. Fruto de esta evaluación surge un Informe de Sustentabilidad Financiera (ISF), documento que la CNA pone a disposición de cada comité de pares y de las autoridades de la institución estudiada. Este análisis se refiere exclusivamente al comportamiento financiero de cada institución y la factibilidad de que disponga de los recursos necesarios para desarrollar su proyecto educativo en un horizonte de 5 años.
Los informes se construyen sobre la base de los estados financieros auditados y las proyecciones que cada institución proporciona al inicio de cada proceso de acreditación. A partir de estos antecedentes, se verifica la evolución de flujos, comportamiento de masas y ratios financieros estándar, se determinan riesgos, se identifican de manera explícita las transacciones con empresas relacionadas y se analiza la consistencia y viabilidad de las proyecciones realizadas.
Resulta relevante recalcar que este informe es un insumo que está disponible para el análisis que realiza el comité de pares evaluadores. Por lo anterior, este se encuentra disponible – tanto para el comité de pares como para la institución a evaluar – previo a la realización de la visita de evaluación externa. En dicho sentido, no constituye un documento que determine la calidad de una institución, sino que es un elemento que el Comité de Pares pondera, dentro de un conjunto de aspectos evaluados en el área de gestión institucional.
